INTRODUCCION.
Al referirnos al tema de Autonomía de los pueblos
indígenas alcanzando alteridad en su lucha por la defensa de sus derechos
jurídicos, constitucionales, sociales, territoriales e identitarios, es a
partir de la década de los 90 cuando toma más fuerza la autonomía de los
pueblos a nivel de América Latina casos muy sonado como lo fue en Bolivia y
ecuador, en Colombia La Minga indígena marcó una de las manifestaciones más
relevantes en la lucha de los derechos de los pueblos en el año 2020 más de 8
mil indígenas de diferentes regiones se reunieron y se movilizaron hacia la
capital Bogotá para unirse al paro Nacional y de esta manera defender sus
demandas y luchar por un país más democrático, pacifico e igualitario.
En México no ha sido la excepción, El Movimiento
Zapatista respalda y apoya la lucha de otros pueblos minoritarios en este país
sus logros han sido satisfactorios México es un caso especial para estudio de
este tema por ser un país con más de 100 millones de habitantes donde el 12% de
esta población proviene de algún pueblo indígena, de esta manera se han
logrado modificaciones desde la misma
Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos aún se sigue desde la jurisprudencia la lucha por
la falta de autonomía de los pueblos indígenas.
LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTAS COMO MODELO DE AUTONOMÍA.
Iniciando el año 1994 un enfrentamiento armado
entre los más importantes grupos revolucionarios por la defensa del
reconocimiento y autonomía indígena liderada por el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional integrado por Comité Clandestino Revolucionario Indígena, a
partir de este hecho donde tuvo que mediar la comunidad internacional se crean
leyes para tratar esta problemática interna del País específicamente la Ley
para el Dialogo la Conciliación y la Paz Digna en el estado de Chiapas, durante
los años siguientes se siguieron debatiendo leyes y reformas constitucionales
en búsqueda de lograr reconocer los
derechos totales y fundamentales de los pueblos teles como , el derecho a la
libre asociación, protección de sus tierras, reglamentar el uso de los recursos
naturales que puedan beneficiarlos, a elegir sus autoridades, la no
discriminación, todo esto se lleva a cabo en el renombrado Acuerdo de San
Andrés con todas estas reglamentaciones se desarrolla un nuevo marco jurídico
desde la constitución política.
Una inesperada ruptura de dialogo entre el EZLN y
el Gobierno por el no respeto a los acuerdos originó en la creación de grupos
paramilitares y actos de rebelión y enfrentamientos ante la llegada de un nuevo
Presidente se retoman los diálogos, el punto más álgido es en el reconocimiento
jurídico y político de las comunidades y pueblos indígenas ya que se libra un
debate en cuanto al reconocimiento es decir sea como Entidad de Interés Público
y/o Entidad de Derecho Público inclinándose más por el de reconocimiento
en Derecho Público para los indígenas ya
que serían titulares de sus derechos y propiedades se sigue un largo debate
jurídico y político a través de los diálogos y mesas de trabajo específicamente
en la demarcación de sus territorios alcanzándose este reconocimiento dentro
del marco de la constitución política mexicana.
Las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas dentro del
entorno constitucional no se sienten plenamente reconocidos por lo cual, ante
la decisión constitucional de los poderes del estado, deciden convocar a todas
las comunidades y deciden tomar Autonomía de Facto, cada junta reporta su
gestión anualmente al gobierno.
Las juntas son tomadas como movimientos que
realizan y ejercen el poder popular en pro y beneficio de las comunidades y
pueblos indígenas que decidieron agruparse de esta forma, este accionar de las
juntas de gobierno está legalmente citado en la constitución nacional, por lo tanto,
su accionar es totalmente legal si bien el reconocimiento de derechos políticos
y jurídicos de los pueblos indígenas no han sido los esperados las Juntas de
Buen Gobierno cumplen con todo el requisito legal sin saltarse lo establecido
en la Carta Magna, antes por el contrario protegen y defienden la propiedad
privada los modos de producción y economía sin salirse de la normativa jurídica
constitucional, constituyéndose como una herramienta del poder popular para
beneficio y mejora de las condiciones para el desarrollo y calidad de vida de
las comunidades y pueblos indígenas consiguiéndose así unas relaciones
pacíficas y equitativas entre el estado y sus comunidades siendo así el
ejercicio de participación comunitario un excelente marco para consecución de
la paz y el buen vivir.
CONCLUSIONES
Es un claro ejemplo de como las luchas de los
pueblos y comunidades indígenas en toda su trayectoria histórica han
trascendido desde grandes batalla, sometimientos y violaciones de derechos,
desde la colonización para los pueblos indígenas de América Latina ha sido una
lucha ardua uy constante con grandes pérdidas.
Las Juntas de Buen Gobierno se muestran como una clara herramienta para
que los pueblos indígenas tengan cierta autonomía en sus territorios
agrupándose entre si de manera que ejercen un poder popular sin salirse del marco
legal y constitucional de este modo en nuestro país e incluso otros países de
América Latina deberían copiar esta forma de ejercerle defensa de derechos y
reconocimiento político y jurídico que demanda una gran compromiso con la
sociedad construyendo canales de Paz y Reconciliación dado que las relaciones
entre estado y comunidades minoritarias se verían muy participativas y
equitativas.
Desde mu punto de vista se debería implementar esta
alternativa popular que origina un excelente ambiente democrático inclusive si
a los líderes de las comunidades les damos capacitación y estudio en en temas
políticos, participativos y de procesos para alcanzar la paz podemos ir
construyendo un país con menos inconformidad por parte de nuestras minorías
como reza en la constitución política colombiana en su artículo 7, cuando se
toman medidas como el dialogo la participación la comprensión y el
entendimiento de las necesidades y derechos de nuestras comunidades indígenas
se abre camino hacia la estabilidad social y la paz.
RESPONSABILIDAD
DEL SERVIDOR PUBLICO, basado en el escrito sobre “RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
ETICA PROFESIONAL EN LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESARIAL” de
los autores Ricardo Cuevas Moreno y Rebeca Rodríguez Minor.
El Administrador Publico en el ejercicio de sus
funciones está en la capacidad de gestionar los recursos público de manera
eficiente y eficaz, asegurando de esta manera que se logren los objetivos y
metas establecidas, la transparencia en sus procesos de gestión de los recursos
públicos, así como rendir cuentas a la ciudadanía y órganos de control debe
ser respetuoso de la ley en la toma de
decisiones siempre tratando de proteger el patrimonio público y asegurarse de
que se utilicen de manera adecuada muy importante el fomentar la participación
ciudadana asegurarse de que se tengan en cuenta las opiniones y necesidades de
la comunidad , asegurarse de identificar los riesgos para así poder realizar
planes para la reducción del impacto negativo que este pueda tener en la
comunidad, es de gran importancia que el
Administrador Publico promueva proyectos de auto sostenibilidad , debe actuar
con mucha honestidad e integridad en la gestión pública sin dejar a un lado los
principios éticos y morales.
El Administrador Publico en Colombia tiene grandes
retos desde el mismo ejercicio de sus funcione tras ser un País multicultural,
de innumerables problemas de tipo social, económico y de seguridad está
recibiendo diferentes necesidades de la comunidad las cuales debe encausar
objetivamente para dar solución y así mantener un buen vivir.
